Sin rodeos, un reciente estudio evaluativo de la ONU sobre el derecho, la autonomía y la autodeterminación de parte de la mujer sobre su cuerpo sostiene que esto no supera el 55 por ciento; en conclusión “su cuerpo no les pertenece”.
La extensa respuesta, con detalles, está consignada en el informe ‘Mi cuerpo me pertenece, reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación’ auspiciado por la División de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que recopiló información en 57 naciones.
Natalia Kanem, secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva del UNFPA, en el prólogo plantea: ‘Mi cuerpo me pertenece, ¿Cuántas mujeres y niñas pueden afirmarlo’ libremente?
“Todos tenemos derecho a la autonomía corporal; por tanto, deberíamos poder tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo, y quienes nos rodean, y la sociedad en general, deberían respetar esas decisiones. Sin embargo, a millones de personas se les niega su derecho a decir “no” a las relaciones sexuales, a elegir con quién casarse, o a tener hijos en el momento que consideren adecuado. A muchas, se les niega este derecho debido a su raza, su sexo, su orientación sexual, su edad o su capacidad”, se responde.
Y remata sosteniendo que “privar a las mujeres y las niñas de su autonomía corporal es inaceptable: alienta y refuerza las desigualdades y violencia generadas por la discriminación de género”.
Dentro del informe se aborda el tema de las debilidades que aún persisten en la educación sexual que se imparte en los centros educativos, como e en especial en Latinoamérica, temática que sigue siendo abordada bajo el manto de lo prohibido y hasta vulgar e inconveniente.
Es más, aseguran que padres y líderes comunitarios no ven con buenos ojos que los menores de edad reciban lecciones de educación sexual integral.
“Muchas escuelas no imparten educación sobre el tema, o solo proporcionan información incompleta. Por consiguiente, los alumnos están poco preparados para los cambios que se están produciendo en su cuerpo y para protegerse de posibles peligros”, destacan los investigadores.
Para Olga Lourenco, una de las expertas que participa en el documento de la ONU, la lucha no ha sido fácil en convencer a las naciones lo vital que es la temática haga parte de los planes de estudios, porque quienes se oponen argumentan que con ello lo que se busca es la promoción de la actividad sexual desde temprana edad.
“Debido a nuestros tabúes y prejuicios, prácticamente no se habla sobre la salud sexual y reproductiva integral”, precisa y advierten que los estudios muestran que no es así. “Por el contrario, los datos demuestran que este tipo de educación, cuando se imparte de acuerdo con las normas internacionales, mejora los conocimientos de los jóvenes y constituye una estrategia fundamental y rentable para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH”.
Los investigadores insisten en los alumnos que reciben educación sexual integral no solo están empoderados para tomar decisiones sexuales más saludables, sino que también están mejor equipados para buscar ayuda si es necesario.
Sostienen que la educación sexual integral también puede desempeñar un papel importante en la prevención de la violencia por razón de género; en el empoderamiento, cuando se trata de asuntos económicos; y en el desarrollo sostenible. En resumen, se trata de frenar el incremento en las desigualdades extremas y desestabilizadoras.
En una reciente conferencia mundial, en marzo pasado, celebrada en Beijing, en donde se analizó la situación hubo un llamado de atención a la comunidad internacional al detectarse que, por efectos de la pandemia del Covid-19, “el rechazo de la igualdad de género ha aumentado, lo que da lugar a nuevas restricciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, pone en peligro los avances en la consecución de la autonomía corporal de las mujeres y las niñas logrados en todo el mundo”.
Se advierte en el informe que “a pesar de que en numerosos países existen garantías constitucionales en materia de igualdad de género, en el plano mundial las mujeres tienen, en promedio, solo el 75% de los derechos jurídicos de los hombres (Secretario General de las Naciones Unidas, 2020). En muchos casos, las mujeres y las niñas carecen del poder de cuestionar estas disparidades debido a que su grado de participación en las decisiones políticas y otras formas de adopción de decisiones aún es reducido”.
Hoy en día, ningún país del mundo puede afirmar que ha alcanzado plenamente la igualdad de género. Si así fuera, no habría violencia contra las mujeres y las niñas, brechas salariales o desigualdad en la distribución de los puestos directivos, cargas injustas de trabajo doméstico no remunerado, falta de servicios de salud reproductiva integrales y de calidad, ni atentados contra la autonomía corporal, consideran los investigadores.
“Una mujer que no puede decidir si quiere tener hijos, cuándo y cuántos, ni optar por continuar sus estudios en lugar de casarse a una edad temprana, o que acepta la violencia doméstica como un destino inevitable, tiene pocas posibilidades de ganar empoderamiento en la adopción de decisiones en el ámbito laboral, comunitario o de cualquier otro tipo. Esencialmente, pierde sus derechos, no solo en un plano de su vida, sino en muchos de ellos o incluso en todos”.
¿Pero qué hacer? El estudio se muestra partidario de reactivar colectivamente campaña en favor del cambio. A manera de ejemplo destaca la de la ‘Generación Igualdad’ que “está forjando nuevas alianzas entre activistas en los ámbitos de la igualdad de género, la discapacidad y la salud, y con grupos LGBTI y organizaciones de personas con discapacidad”.
En conclusión y de acuerdo con el estudio “la autonomía corporal e imaginar lo que podría y debería significar, puede vislumbrarse un futuro muy diferente para los seres humanos. El camino hacia el cambio comienza con derechos y conduce a decisiones que permiten a las personas cuidar y apreciar su cuerpo y su vida como consideren conveniente”.
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