A comienzos de marzo pasado hubo revuelo nacional por casos de abuso sexual a estudiantes en dos reconocidas instituciones educativas en Bogotá, Marymount y Colsubsidio. Gusto se dieron los medios de comunicación que viven del escándalo y de hechos mediáticos, mientras el Ministerio de Educación salió a desempolvar protocolos, amparados por leyes ignoradas.
La ministra María Victoria Angulo anunció directrices para recordarles a los estamentos educativos del país y las respectivas secretarías de educación de los Departamentos, Distritos y Municipios la existencia de las rutas para atender, de manera oportuna, los casos que sean revelados.
También dijo que, dentro de 60 días, contados a partir del 23 de marzo, día del pronunciamiento los casos de las dos instituciones educativas citadas, el presidente Iván Duque expondrá nuevas estrategias en las que estarán vinculadas, además de las entidades del sistema educativo, organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación que ya cuenta con un comité especial, a cargo de la Vicefiscalía, para enfrentar la problemática.
A esto último hay que darle compás de espera, lógico; pero lo que no se sabe es sí el plazo de los 60 días serán vigentes solo teniendo cuenta los días hábiles, como es la vieja costumbre a conveniencia de las entidades públicas y muchas privadas que así lo aplican.
Mientras tanto, es oportuno recordar normas y herramientas jurídicas que amparan procedimientos, rutas, protocolos, manuales de convivencia, entre otros, en casos de abuso sexual y violencia. La Ministra traza una línea básica: Rectoría – Secretaría de Educación – Fiscalía y en ellas, cada comité de convivencia le corresponde evaluar.
“Trabajamos en una campaña, que liderará directamente Presidencia, con todas las entidades que estamos involucradas para generar esta cultura que rechace cualquier tipo de abuso, de expresión de violencia, que se sepa como denunciarla y que se crea que hay que, en los canales institucionales del Estado, la vía”, sostiene la funcionaria, quien además reveló un dato que pasó desapercibido en los registros de prensa y es que en Colombia solo el 50% de las instituciones educativas cuenta con manual de convivencia.
Una norma clave, a las que se refiere el Ministerio de Educación, viene desde el 2008, cuando es implementado el ‘Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC)’. “Este programa arrojó las Guías 1, 2 y 3 que orientan la implementación de este programa en las instituciones educativas, y el desarrollo de la ‘Guía 49 de Convivencia Escolar’ que trata, ampliamente, los temas de educación en sexualidad y prevención de violencias basadas en género”.
Existe también la Ley 1620 de 2013, o ‘Ley de Convivencia Escolar para la convivencia, la ciudadanía y los derechos sociales y reproductivos’. Esta faculta programas y proyectos de las instituciones, redefine los manuales de convivencia y la creación de los “comités territoriales de convivencia como el mecanismo para hacer un abordaje pedagógico e incorporar estos temas a sus programas, estrategias y proyectos, y establecer los mecanismos de alertas tempranas, denuncias y actuaciones de tipo administrativas, disciplinarias, penales y el restablecimiento de derechos”.
Con base en la citada ley, en 2018, el actual gobierno diseñó e implementó el ‘Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE)’, “cuyo propósito es la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, las niñas y los adolescentes de los establecimientos educativos”.
El denominado SIUCE incluye el ‘Módulo de Convivencia Escolar’ que “permite reportar y hacer seguimiento a las violencias sexuales y con ello una adecuada activación de rutas para la atención intersectorial a las víctimas, en articulación con el sector salud, ICBF y Fiscalía o entidad correspondiente en el territorio”.
La ministra María Victoria señala que, en el 2019, su despacho puso en marcha un trabajo conjunto con las Secretarías de Educación para implementar en las instituciones educativas distintos protocolos de prevención de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de los niños y adolescentes, entre ellos el de prevención de ‘Violencias Basadas en Género’ que presenta orientaciones para la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. El documento está disponible en el Portal Colombia Aprende.
Otra de las instancias que destaca el Ministerio son los ‘Comités de convivencia de las entidades territoriales’ para activar la ruta de atención integral e “instancia donde se encuentra el sector educativo con los distintos órganos del Gobierno cuya finalidad está orientada a garantizar los derechos de los niños y jóvenes”.
Igualmente, resalta que en cada Secretaría de Educación se encuentra la ‘Oficina de Control Interno Disciplinario, “la cual, dentro de sus funciones, maneja las quejas por presunto abuso sexual por parte de los educadores. El Ministerio de Educación Nacional hace un seguimiento a las oficinas de Control Interno Disciplinario de cada una de las 96 entidades territoriales certificadas y a las áreas de Inspección y Vigilancia para los eventuales casos de docentes del sector oficial y no oficial (colegios de naturaleza privada), con el objetivo de que sea remitida la información general y anonimizada del total de quejas por presunto abuso sexual de los docentes”.
Precisamente, por reportes remitidos al Ministerio de parte de 81 de esas entidades certificados se cuenta con una estadística de presuntos casos de abuso sexual, entre el 2018 a febrero del 2022, que indica 876 casos, “de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación”.
En efecto, herramientas jurídicas y protocolos existen, pero no se trata de hacerlos visibles solo en aquellos momentos en el que medios de comunicación escandalosos se les da por armar shows para cautivar audiencias. El verdadero reto es que se cumplan de manera efectiva.
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