De dos debates, que deben darse en la Comisión Primera del Senado de la República y en la sesión plenaria de esa corporación legislativa, y ser aprobados, depende que Colombia haga parte de las naciones que aplica prisión perpetua a violadores y asesinos de menores de edad.
El paso dado, hasta el momento, es que en la Cámara de Representantes, el proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 34 de la Constitución Nacional, ya surtió 6, de los 8, debates requeridos cuando se buscan modificaciones a normas constitucionales.
La aprobación en sexto debate del proyecto casi que coincidió con un singular hecho. Mientras en Valledupar era trasladado de la cárcel de máxima seguridad en la que cumple condena de 32 años por violación y homicidio de 140 menores, Luis Alfredo Garavito, el considerado símbolo de la maldad contra los niños en Colombia, a un centro asistencial para tratarle achaques de salud, en Bogotá, en una sesión semipresencial, se aprobó seguir en la ruta hacia el Senado.
El proyecto pasa ahora a dos debates finales, y si no hay problemas en su respectiva aprobación, entonces podrá modificarse el artículo 34 de la Constitución Nacional, ese que prohíbe la prisión perpetua.
Sin embargo, de darle visto bueno a los 8 debates, quedan aún pendientes la sanción presidencial y la revisión de todo lo actuado por parte de la Corte Constitucional. A lo anterior, y no es descartable, podría sumársele la ‘lluvia’ de demandas y hasta tutelas antes de su plena aplicación.
‘De mí abusaron cuando tenía 5 años’
En todo caso, el proyecto avanza. En resumen del equipo de prensa de la Cámara de Representantes se destaca que en la última sesión, que fue semipresencial, 135 de sus miembros votaron por el sí, y 22 por el no.
“Es así, que de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. Esta pena será revisable en un plazo de veinticinco años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad”.
“Adicional a ello, se propone la formulación de una política pública integral que desarrolle la protección de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados”, dice el registro de prensa.
Campanazo de alerta
Seguido a ello se destacan voces de los que han intervenido, como la de la representante Adriana Magali Matiz, quien dijo que “es el principio del fin de la violencia atroz que viven los niños en nuestro país”; su colega Martha Villalba sostuvo que “la pena cumple una función preventiva para que los asociados se abstengan de cometer el comportamiento delictivo a riesgo de incurrir en la imposición de sanciones”.
Por su parte, el representante César Augusto Lorduy anotó que “las lágrimas y el dolor no pueden ser la única respuesta que se le puede entregar a millones de colombianos que han perdido a sus hijos por un asesinato o por una violación”.
El autor del proyecto el representante a la Cámara por Antioquia, Esteban Quintero Cardona, quien trabajó junto con la concejal de Medellín, Nataly Vélez Lopera, reconocida por ser una defensora acérrima de los derechos de la niñez, también dieron parte de victoria.
Al finalizar la votación, el presidente Carlos Cuenca Chaux destacó que la aprobación es un homenaje a la fallecida excongresista Gilma Jiménez, quien lideró, de manera insistente, una iniciativa como ésta pero nunca tuvo el privilegio de verla concretar.
Siguientes retos
Consultada al respecto por #sinrecato en Barranquilla, la líder de la Red de Mujeres de la Costa Caribe e investigadora social, Emma Doris López Rodríguez, manifestó que “es un avance significativo el aumentar penas, que deben ir acompañado de una reglamentación y de un seguimiento para hacer efectivo todo el paso de una investigación a una sanción”.
López agregó que “hay que trabajar fuertemente el tema de prevención, porque es que ya las normas del aumento de pena nos están llevando es a la causa final, pero cuando ya se consumó el hecho, y lo que tenemos que hacer es que hayan cero casos de violencia, cero de abusos y maltrato infantil. Es muy importante que esa pena también vaya acompañada de todo un ejercicio de todas las acciones habidas y por haber en el marco de prevención de ellas”.
Por último, exhortó a los senadores a darle el espaldarazo que requiere el proyecto para hacerlo una realidad, al tiempo que sugirió al Estado y entes territoriales hacer mayor inversión en políticas públicas relacionadas con la protección de la infancia y la adolescencia.
“Ahora con el plan de desarrollo que están aprobando, pues deben aumentarse recursos, presupuestos, para que las políticas públicas de infancia tengan todo el soporte financiero para que puedan concretarse cada uno de los programas, que si bien están formulados no hay suficientes recursos para ejecutarlos”, concluyó López Rodríguez.
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