Desde octubre del año pasado está corriendo el plazo de seis meses, fijado por la Corte Constitucional al Gobierno Nacional y a los congresistas por ser legisladores, para establecer reglas claras y así sacar a Colombia del listado de los países con limbo jurídico en torno a la ‘gestación subrogada’, ‘reproducción asistida’, entre otras denominaciones, pero que en términos sencillos es el ‘alquiler de vientre’.
Si bien es un método alternativo para que parejas deseosas de tener hijos, no partidarias de las adopciones, pero que por cosas de la vida son infértiles, sobre todo de parte de la mujer, establezcan acuerdos con otras y mediante inseminación artificial se haga realidad el deseo, y concebido bajo principios altruistas, se ha ido convirtiendo en un ‘jugoso’ negocio, inescrupuloso, promovido en redes sociales casi de manera abierta.
En enero pasado, una investigación de la periodista Lucía Franco, publicada por el periódico español El País, asegura que “comprar un vientre de alquiler en Colombia es tan sencillo como vender o comprar un coche de segunda mano en clasificados”. La afirmación es la antesala para revelar el precio promedio de un procedimiento que bordea los 65.000 dólares, y la posibilidad de contar con ´tarifas’ de un 90% menos que en otras naciones.
Franco también expone el caso particular de una mujer de 33 años que vive de esa práctica, junto con otras personas, en Barranquilla. “Aquí tenemos una clínica que te hace todo el procedimiento y tengo una prima que nos hace todo el papeleo…. Yo en total pido 40 millones. Me pagaría un millón y medio mensual y el resto cuando le entregue al bebé”, reseña.
“No existe ningún tipo de regulación sobre esta práctica, prohibida en países como España, Francia o Alemania. Decenas de agencias y clínicas aprovechan ese vacío legal para hacer negocios, usualmente para extranjeros que llegan al país andino en busca de alquilar un vientre con la menor burocracia posible”, asegura la periodista en su trabajo.
Además, señala que por manos de los congresistas han pasado 16 proyectos de ley, buscando una normatividad legal y reglamentaria, pero todas han fracasado. Mientras tanto, el asunto continua sin control alguno, incluyendo falsificación de documentos y otras prácticas de salud cuestionables y de las que no solo hacen parte empresas sino personas a nombre propio.
Intentos por una regulación
Sobre nuevos intentos de regulación legal, en el presente año se han conocidos dos iniciativas radicadas en el Congreso de la República. Una, desde febrero, por parte del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, por el Polo Alternativo Democrático, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, sometida a discusión en primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente; y la segunda, recientemente, por parte del Gobierno Nacional, estructurada por los ministerios de Justicia y de Salud.
Ocampo, en la socialización de su proyecto, hace énfasis en el objetivo: “La presente ley tiene por objeto permitir la subrogación gestacional con fines altruistas con indemnización, garantizando la protección de los derechos a la dignidad humana, autonomía, igualdad, salud, la protección de la mujer y el nasciturus y prohibir la práctica de gestación subrogada con fines de lucro”.
Precisa que “esto no es para vender niños, esto no es para que Colombia sea una fábrica de niños, ni es para esclavizar mujeres pobres para que tengan hijos. Es un proyecto de ley que busca que mujeres que pueden prestar su vientre o pueden ser madres gestantes de familias que quieren tener un hijo que no han podido”.
Agrega que tampoco se trata de promover el tráfico de la niñez, menos de la trata de personas, ni de hacer negocios con la vida. “Buscamos, a través de esta ‘Ley de Maternidad Subrogada’, permitir que familias, parejas, personas, que quieren tener un hijo y ellos no han podido tener, por cosas biológicas, de Dios, tener un hijo, puedan hacerlo de manera legal, de manera respetuosa y que estos niños queden en manos de parejas responsables capaces y que no tienen delitos que puedan poner en peligro la vida de la niñez”, concluye el congresista.
El periódico Portafolio, especializado en economía, tomando registros de la agencia de prensa EFE, indica que en 13 países de América Latina el panorama jurídico es variable, combinando contrariedades y ribetes de ilegalidad.
“Hay países que ni la permiten ni la prohíben (Argentina, Bolivia y Costa Rica); otros que la autorizan, pero con ciertas limitaciones (Brasil, México, Cuba y Puerto Rico); otros que la desautorizan (Uruguay); otros que la someten a una regulación mixta, dependiendo del lugar (EE. UU.); y otros que se mueven en un limbo jurídico (Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana)”, dice la publicación.
Más adelante destaca el caso de México en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el procedimiento en junio de 2021, “tanto gratuita como de paga e, incluso, garantizó el acceso a parejas del mismo sexo y extranjeras. Pero la práctica solo está legalizada en dos de las 32 entidades del país y además aún falta un reglamento que regule la prestación sanitaria”.
Y en otro artículo, el periódico El Espectador reportar que en otros países del mundo, como Rusia y Ucrania, actualmente en guerra, hay amparo legal y no hay limitaciones a las compensaciones que puede recibir la mujer que alquila su vientre. Contrario a lo anterior, en otras naciones europeas como España, Italia, Austria, Francia, Alemania y Suiza está prohibido el método; al igual que la africanas Burkina Faso, Marruecos y Egipto; y las asiáticas China, Indonesia y Filipinas.
No Comments