Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que trata el tema de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, le dedica párrafos al impacto del fenómeno entre las que padecen de discapacidad.
“Existen crímenes que a menudo pasan desapercibidos e impunes. Si bien es algo chocante, las sociedades en conjunto hasta ahora se están dando cuenta del problema y los gobiernos se están movilizando para abordarlo”, señala la investigación que califica la situación de desgarradora.
Destaca el caso de Colombia en el que “las mujeres con discapacidad reportan haber sido amenazadas o abandonadas por su esposo o pareja a una tasa 4,5 veces mayor que las mujeres sin discapacidad, y son agredidas físicamente a una tasa de más de 10 puntos porcentuales más. Pero menos de la mitad de las mujeres colombianas con discapacidad informan haber buscado ayuda para casos de violencia”.
A propósito de la situación colombiana, el Observatorio Nacional de la Discapacidad, adscrito al Ministerio de Salud, en un reciente documento sostiene: “al analizar los casos de violencia contra las mujeres con discapacidad entre el 2013 y el 2019, se evidencia un incremento del 132%”.
Sin embargo, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, que hace parte de la Vicepresidencia de la República, destaca que en el periodo enero-agosto de 2020, comparado con el periodo del año anterior, la violencia contra las mujeres con discapacidad ha disminuido: los delitos sexuales caen en 38%; la violencia intrafamiliar, en 56%; la violencia de pareja en el 55%.
Retomando la investigación del BID esta señala que, en 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), dependencia de la ONU, llamó especialmente la atención sobre la vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad al maltrato, el abandono, la violencia y la explotación y se pidieron medidas para garantizarles sus derechos y hacer de la discapacidad una parte clave de las estrategias de desarrollo.
“Más de una década después, el progreso ha sido poco, con una recopilación limitada de datos y escasos avances en la prevención”, anota una evaluación de la problemática.
Reconocen los investigadores del BID que en la región tener una idea del alcance del problema es crucial. “Solo Colombia recopila una muestra de datos lo suficientemente grande como para calcular estimaciones precisas de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. A nivel mundial, una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual en el transcurso de su vida. Las tasas para las mujeres con discapacidad son mucho más altas”.
En Estados Unidos, las mujeres con discapacidad tienen dos o tres veces más probabilidades de sufrir abuso físico y sexual que las mujeres sin discapacidad. Al igual que los hombres, las mujeres con discapacidades intelectuales enfrentan una tasa de abusos sexuales siete veces mayor que las personas sin discapacidad, agrega el informe.
América Latina y el Caribe enfrenta una epidemia, de acuerdo con el BID. Por ejemplo, solo en los primeros 10 meses de 2018 hubo más de 1.500 informes de violencia contra personas con discapacidad en Perú, de los cuales más del 70% de los cuales correspondieron a mujeres, según el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.
Causas detectadas
¿Qué puede estar pasando? El BID considera que parte del problema es la segregación y el aislamiento de las personas con discapacidad: el fracaso de las sociedades en otorgarles plenitud de derechos y de garantizar su plena participación en la vida económica y social.
“Esto a menudo ocurre en el hogar, donde las personas con discapacidad han sido confinadas debido a la pobreza y la exclusión prolongadas. La violencia puede venir de un cónyuge, otro miembro de la familia o un auxiliar personal remunerado. La atención puede volverse abusiva, desde ataques verbales y amenazas, hasta el descuido de las necesidades médicas y nutricionales, la violencia física y el abuso sexual… Las oportunidades de abuso aumentan cuando la capacidad de toma de decisiones de la persona con discapacidad se ve truncada debido a una tutela injustificada”.
También se refiere a la intimidad personal con un asistente hace que sea difícil denunciar el abuso; a la vergüenza y el estigma; a la insularidad de las comunidades rurales, a menudo unidas por sus propias reglas y cultura.
Dice el informe que, en 1994, los países de la región firmaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que exige medidas para prevenir y proporcionar justicia para la violencia familiar y la violencia en la esfera pública. Se han implementado leyes estrictas que castigan la violencia familiar y brindan asistencia, incluidas líneas telefónicas de emergencia, asesoramiento legal gratuito y protocolos policiales para abordar el problema, pero las mujeres con discapacidad pueden verse privadas de tales protecciones.
“Librarse de una situación abusiva y acudir a una estación de policía para denunciar el maltrato puede no ser factible. Las líneas directas de emergencia pueden no ser accesibles para personas con dificultades auditivas o del habla. Además, una persona con discapacidad intelectual podría carecer de las herramientas para articular lo que sucedió y ser tomada en serio por una fuerza policial escéptica”, subraya el BID en su investigación.
‘Reflectores’ en el Atlántico
Aprovechando todo lo anterior, sinrecato.com habló con la docente universitaria, experta en la temática sobre la violencia de género y defensora de los derechos de la mujer en la Costa Caribe, Emma Doris López Rodríguez, sobre su percepción de la situación en el presente año.
“La pandemia de la violencia contra la mujer en el Atlántico se recrudeció. Es decir, el Covid -19 como pandemia oficial declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo que hizo fue también visibilizar, colocarle unos reflectores a una problemática fuerte que se vive en Colombia, especialmente en nuestro departamento del Atlántico, región Caribe, que es machista, patriarcal que asume el cuerpo y la vida de las mujeres, y tiene el control de los hombres”, precisa.
Para la analista, lo que deja el año que culmina debe preocupar porque la proyección para el 2021 indica que se viene un fuerte incremento en la violencia hacia las mujeres y el abuso a las niñas.
De allí que su llamado a las autoridades, en primera instancia, es se requiere que la oferta institucional, de los garantes de derechos en el marco de la ruta, de la disposición, de la idoneidad, de la gran responsabilidad y eticidad permitan asumir que se trata de un problema de salud pública.
“También le hagamos frente, de manera fuerte articulada, con recursos especialmente, porque es que los recursos para este tipo de hechos no son significativos. Entonces, es asumir eso de manera articulada, con un presupuesto, con un enfoque de género y que priorice a la mujer y las niñas frente al tema de las agresiones”, advierte López Rodríguez.
Ella insiste en que la mujer víctima de violencia debe denunciar; igual, si algún allegado sabe de su situación está obligado a prestarle apoyo buscando a las redes que están dispuestas en el Distrito y el Departamento. “Bajo ninguna circunstancia puedo permitir que nadie viva en violencia. No puedes quedarte callada, denuncia…”, es su invitación.
El pasado 30 de noviembre, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, reportó a través de la línea dispuesta, el 155, entre el 25 de marzo y el 26 de noviembre, se habían recibido 19.532 casos de maltrato intrafamiliar, mientras que en el mismo período del 2019 la cifra fue de 9.381 casos. El indicador reafirma lo expuesto y lo que presiente la analista Emma Doris.
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