De 43.993 denuncias asociadas a delitos sexuales en el 2021, recibidas por las autoridades competentes colombianas a través de la Fiscalía General de la Nación, un análisis de la Universidad Javeriana da cuenta que 27.131 corresponden a víctimas menores de edad y representan el 61 por ciento.
Lo grave, además de ese significativo porcentaje, es que hay bajos niveles de imputación ya que no se supera el 13 por ciento, como pasó el año pasado, cuando escasamente fueron atendidos, jurídicamente, 3.696 denuncias.
Sin embargo, pese a reconocer que el delito tuvo un pequeño descenso en el 2021, luego de ver su acelerado incremento desde el 2010, año en el que se recepcionaron 10.911 denuncias, más un pico de 35.738 en el 2019, la efectividad de las estrategias aplicadas en materia preventiva poco efecto surten.
Además, sigue destacándose que la responsabilidad, en la mayoría de los casos, recae en personas cercanas a las víctimas como familiares, amistades, inclusos del entorno escolar.
La situación es un campanazo de alerta para que las políticas preventivas de parte de organismos estatales, incluso de entidades privadas y de organizaciones sociales sean sometidas a una revisión urgente que conlleve a obtener resultados positivos, sobre todo en el corto plazo.
Basado en información recopilada durante los últimos 10 años, el Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la U. Javeriana, es el que invita a la toma se medidas si el país no quiere enfrentar en futuro inmediato con serios problemas de salud pública en lo físico, lo conductual, lo emocional, lo social y lo sexual.
Citando investigaciones de expertos, LEE advierte que “los delitos sexuales afectan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA); sin embargo, sus efectos son diferenciados de acuerdo con el rango etario”.
Si la víctima del delito sexual es un menor de seis años, va a registrar retrasos en el desarrollo debido al impacto en los niveles de ansiedad y retraimiento, así como trastornos por estrés postraumático y su conducta sexualizada.
Si es mayor de seis años, ya en la edad escolar, de acuerdo con el análisis de LEE, los trastornos van a afectar su conducta porque “tiende a volverse extrema en términos de la timidez y soledad o agresividad, todo causado por un daño psicológico, que en la mayoría de los casos genera una perturbación en el desarrollo sexual del menor y repudio al sexo masculino en el caso de las niñas o viceversa, de acuerdo con el sexo del victimario”.
Gloria Bernal y Luz Karime Abadía, codirectoras del LEE, en declaraciones dadas a El Espectador, la semana pasada al dar conocer los resultados de la investigación desarrollada, hace énfasis en la importancia de la toma de medidas preventivas de cara a los delitos sexuales.
“Los efectos de estos abusos en los niños, niñas y adolescentes tienden a ser permanentes y a agravarse en el tiempo, afectando sus vidas y también a toda la sociedad”, dice Bernal, y agrega que debe procurarse por establecer una buena educación sexual.
Por su parte, Abadía señala que, cuanto antes, hay que promover herramientas de protección para que mañana más tarde no se vea perjudicado el bienestar físico y psicológico de la víctima.
Herramientas preventivas
De allí que el cierre del trabajo analítico de LEE sea con las siguientes recomendaciones:
• La educación sexual en la escuela y en el hogar es una de las principales herramientas de prevención de los casos. Es especialmente efectiva si se da desde un enfoque afectivo y de competencias sociales para el desarrollo de la autoestima. Esta medida es efectiva principalmente para la prevención del escalamiento del delito o en los casos que son escalables, como por ejemplo los accesos carnales que empezaron con acosos.
• Creación de entornos protectores para los menores, principalmente en los colegios, donde sientan la seguridad de poder denunciar por medio de otros profesores u orientadores directamente a la fiscalía, para con ello impulsar la respuesta de las autoridades y mejorar las tasas de denuncia.
• Reformar el sistema penal, pues es lamentable que solo un 13% de los casos de delitos sexuales llegue a imputación a la fecha. Ello evidencia un alto grado de impunidad que afecta el derecho de acceso a la justicia e incrementa la revictimización de los menores.
• Contar con un esquema integral de acompañamiento para los menores víctimas, para afrontar los posibles efectos de corto y largo plazo.
• Incluir acertada pedagogía a los NNA en los colegios y también a padres y madres de familia y cuidadores para identificar señales de abuso y mecanismos de denuncia.
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