“La salud mental no puede seguir siendo el eslabón débil de los sistemas sanitarios. Lo que está en juego no es solo el bienestar individual, sino la resiliencia de nuestras sociedades y economías”, advierte la Organización Mundial de la Salud, OMS.
¿Por qué advierte? Porque sus recientes informes, ‘World Mental Health Today’ (La salud mental hoy) y ‘Mental Health Atlas 2024’ (Atlas de salud mental 2024”, asegura que ya son 1.000 millones de personas en el mundo con serios trastornos mentales, mientras los Estados esto parece ‘importarles un pepino’.
Los datos son contundentes. La ansiedad y la depresión, dos de los trastornos más comunes, afectan a personas de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos. Son la segunda causa de discapacidad prolongada en el mundo, y su impacto no se limita al sufrimiento personal: generan pérdidas económicas que rondan el billón de dólares anuales, principalmente por la disminución de la productividad.
En otras palabras, ignorar la salud mental no solo es éticamente inadmisible, sino económicamente insostenible.
El informe World Mental Health Today revela que las mujeres son, desproporcionadamente, afectadas por estos trastornos, y que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes en todos los contextos. En 2021, se registraron más de 727 mil muertes por esta causa.
A pesar de los esfuerzos globales, la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir en un tercio la tasa de suicidios para 2030 está lejos de cumplirse. Si la tendencia actual se mantiene, apenas se alcanzaría una reducción del 12 %.
Estas cifras no son solo estadísticas: son vidas truncadas, familias devastadas, comunidades fracturadas. Y detrás de cada número hay una historia que pudo haberse evitado con atención oportuna, con políticas públicas inclusivas, con servicios accesibles y con una cultura que deje de estigmatizar el sufrimiento psíquico.
El Mental Health Atlas 2024 muestra que, desde 2020, muchos países han actualizado sus planes y políticas de salud mental, adoptando enfoques basados en derechos humanos y fortaleciendo la preparación ante emergencias sanitarias. Sin embargo, estos avances no se han traducido en reformas legales ni en aumentos significativos de inversión.
El gasto público promedio en salud mental sigue estancado en apenas el 2 % del presupuesto total en salud, una cifra que no ha cambiado desde 2017.
Las disparidades son alarmantes: mientras los países de ingresos altos invierten 65 dólares por persona, los de ingresos bajos apenas destinan el 0,04. Y el promedio mundial de profesionales de salud mental es de solo 13 por cada 100 mil habitantes, con graves carencias en los países de ingresos bajos y medios. La brecha no es solo económica: es una fractura ética que perpetúa la exclusión de millones de personas.
Otro dato preocupante es la lentitud en la transición hacia modelos de atención comunitaria. Menos del 10 % de los países ha completado este proceso, y la mayoría sigue dependiendo de hospitales psiquiátricos.
Casi la mitad de los ingresos hospitalarios se realiza sin consentimiento del paciente, y más del 20 % implica estancias superiores a un año. Este modelo, heredado de paradigmas obsoletos, no solo vulnera derechos, sino que limita la eficacia de la atención.
En contraste, hay señales de avance en la integración de la salud mental en la atención primaria: el 71 % de los países cumple al menos tres de los cinco criterios establecidos por la OMS. También se han fortalecido las iniciativas de promoción, como los programas de salud mental en escuelas, desarrollo en la primera infancia y prevención del suicidio.
Más del 80 % de los países incluye actualmente apoyo psicosocial en sus respuestas a emergencias, frente al 39 % en 2020. La telemedicina y los servicios ambulatorios han crecido, aunque su acceso sigue siendo desigual.
La OMS ha sido enfática: transformar los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes de la salud pública.
El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo resume así: “Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las sociedades y las economías. Es una medida que ningún país puede permitirse descuidar”.
La Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, prevista para el 25 de septiembre de 2025 en Nueva York, será una oportunidad crucial para que los gobiernos asuman compromisos concretos.
No basta con diagnósticos ni con buenas intenciones: se requiere una acción coordinada que incluya:
– Financiación equitativa y sostenida.
– Reformas jurídicas que garanticen los derechos humanos.
– Fortalecimiento del personal de salud mental.
– Ampliación de la atención comunitaria centrada en las personas.
La salud mental no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Es un derecho básico que debe estar al alcance de todos, sin importar el lugar de nacimiento, el nivel de ingresos o el contexto cultural. Los datos están sobre la mesa. Las herramientas existen. Lo que falta es voluntad política, compromiso intersectorial y una narrativa pública que reconozca que cuidar la mente es cuidar la vida.
En un mundo que enfrenta múltiples crisis —climática, económica, migratoria, sanitaria—, la salud mental emerge como un eje transversal de resiliencia. No hay desarrollo sostenible sin bienestar psíquico. No hay equidad sin acceso universal a servicios de salud mental. Y no hay futuro posible si seguimos ignorando el sufrimiento invisible de más de mil millones de personas.
