Una fundamental tarea le espera al Gobierno Colombiano en el 2021, año en el que deberán conocerse los efectos de la ‘Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos’, componente del Plan Decenal de Salud Pública liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
“En el año 2021, la población colombiana habrá avanzado en el reconocimiento y efectiva realización de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos”, se contempla en el libro de 150 páginas, elaborado por expertos del Minsalud, con el apoyo de expertos de Profamilia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El proceso lo lideró el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, con base en que los derechos a la libertad, a la igualdad, a la privacidad, a la autonomía e integridad de las personas están íntimamente relacionados con la sexualidad y la reproducción y apuntan a salvaguardar la dignidad de la persona humana, “por lo tanto, el Estado en su conjunto habrá dispuesto y fortalecido los mecanismos necesarios para su promoción, protección, ejercicio, garantía o restitución en los casos que estos fueran vulnerados”.
En esencia, de acuerdo con la Política Pública se trata de que los colombianos tengan garantizada la vivencia de una sexualidad satisfactoria y placentera, entendida como un aspecto positivo y base de su desarrollo humano, su bienestar y su calidad de vida, de acuerdo con la diversidad, determinada por el momento del ciclo vital.
Lo anterior viene determinado por el sexo, la orientación sexual o identidad de género, su pertenencia étnica o cultural, el nivel educativo, la situación económica o los contextos de vulnerabilidad como los que enfrentan las personas víctimas de la violencia o en situación de desplazamiento, con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, los habitantes de calle, los trabajadores o trabajadoras sexuales, las personas privadas de la libertad o en custodia, entre otras, en cualquier parte del territorio nacional.
Se advierte, además que “la mayor responsabilidad sobre el desarrollo de las acciones y estrategias enmarcadas en los contenidos de esta Política, recae directamente sobre los agentes del sector salud quienes tienen la importante tarea de propiciar las oportunidades para que el disfrute de la sexualidad a partir del completo ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos sea una realidad, para todas las personas desde su diversidad en todo el territorio nacional”.
Igualmente, que los lineamientos trazados, transcurridos 10 años, es compromiso del Estado a través del Ministerio de Salud, revisarlos y actualizarlos, lógicamente teniendo en cuenta los resultados, incluyendo éxitos y fracasos.
“La garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar de todas y todos, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana y donde el cuidado de sí se tenga como una práctica social mediante la cual la solidaridad y el respeto mutuo sean faros que orienten la búsqueda de la realización integral del sentido de lo humano”, es otra de las anotaciones a tener en cuenta.
Papel importante, dentro del proceso de evaluación, juegan las estrategias para socializar la Política Pública entre las comunidades, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, y que estas hayan hecho parte de los planes de desarrollo y las propuestas sociales relacionadas con la sexualidad y la reproducción en sus formas masiva e interpersonal, dependiendo de las necesidades identificadas y de los alcances pretendidos.
La conclusión a la que debe llegar el Estado se relaciona con el enfoque de derechos, que sustenta Política Pública de Sexualidad, orientada a crear los mecanismos para que las personas en ejercicio de su ciudadanía comprendan sus derechos, los ejerzan y los exijan, con el propósito de superar la inequidad que impiden su realización humana.
“Supone el cumplimiento de estándares relacionados con el derecho a la dignidad, libertad, igualdad, la vida y la integridad, la autonomía, confidencialidad, e intimidad y que la oferta institucional para la promoción, ejercicio y realización del derecho a vivir una sexualidad plena se encuentre disponible, accesible, sea adaptable a las particularidades de los diferentes grupos; y prestada con calidad y solidaridad”, recomiendan los expertos que participaron en el trabajo que lideró el ministro Gaviria.
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