Hace poco me llamó la atención un boletín de prensa de la Procuraduría General de la Nación en el que la procuradora, Margarita Cabello Blanco, por cierto, muy proactiva en los últimos ochos meses, pues antes ni se conocía su tono de voz, expidió una directiva en la que exhorta a todos los mandatarios del país a que pongan en marcha el Sistema Nacional de Juventudes.
En esa directiva, que puede considerarse como una alerta temprana para ser cumplida sin chistar, so pena de aplicar sanciones disciplinarias, argumenta que de esa manera se van “fortaleciendo los espacios de participación e interlocución para que las y los jóvenes desarrollen iniciativas de incidencia en sus territorios, como actores fundamentales en las transformaciones del país”.
Asegura el ahora dinámico Ministerio Público, defensor a ultranza de los derechos del ciudadano, que “Colombia cuenta con 12.656.797 personas jóvenes, protagonistas de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales”, lo que obliga a que “los alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras que, expidan o renueven la Política Pública de Juventud de sus territorios en corto plazo, destinen una oficina para atender a esta población, presenten un informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de esta política, así como el apoyo a la celebración de las asambleas de juventud en sus territorios convocadas por los Consejos de Juventud, la conformación de las Comisiones de Concertación y Decisión, entre otros”.
En cuanto al Gobierno Central, la procuradora Cabello Blanco le notifica que “la Directiva 005 de 2023 solicitó a la Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven – a que, en el marco de sus funciones, formule la Política Pública Nacional de Juventud, incluyéndola en el Plan Nacional de Desarrollo y garantizando la participación de las y los jóvenes en su diseño e implementación, atendiendo criterios diferenciales y contextos del territorio nacional”.
El ‘rosario’ es más largo, pero creo que les compartí lo principal. La verdad, me parece válido el llamado, aunque no quiero relacionarlo con lo que ya se está viviendo en las regiones por ser un año electoral y es que los jóvenes, de manera ‘tradicional’ juegan un papel muy contrario a la verdadera participación democrática, según lo establecen sus derechos.
Sigue siendo evidente que a los muchachos solo los buscan en época electoral, no para los equipos que estructuran las propuestas de las plataformas de gobierno, dada su supuesta “inexperiencia”, sino como instrumentos de la logística que se requiere en las campañas, incluyéndolos hasta en las prácticas no tan santas para la captación de votos. Su voz no cuenta para nada, pero si el voto.
Se hacen intentos para acabar con esa “tradición” y que el joven sea tenido en cuenta. En enero pasado, tres reconocidas universidades del país, la del Norte, Icesi y Eafit firman la Alianza 4U cuya esencia es la renovación de la democracia, a partir, precisamente, de la juventud universitaria, mediante “estrategias que amplíen los espacios de participación democrática para los estudiantes de pregrado en las instituciones universitarias. Con este proyecto se pretende promover y fortalecer las capacidades individuales y colectivas para el ejercicio pleno de la ciudadanía en los jóvenes universitarios, lo que contribuye a generar condiciones de equidad en el ejercicio del poder”.
Yamileth Bolaños, de la Universidad Icesi, destacó dentro de la estrategias la promoción de la investigación así como la participación política en los entornos universitarios; por su parte, Jorge Bonilla, investigadores de Eafit, manifestó que se apunta a “laboratorio de producción-creación para que los estudiantes se apropien de los resultados del proyecto, mediante acciones expresivas y performativas como cartografías sociales y fanzines, y espacios de discusión como los webinars y el sitio web del proyecto”. Ojalá el objetivo se logre.
Sobre la misma línea temática está publicado, en el portal de la Fundación Colombia2050, el artículo ‘Y, ¿la democracia delos jóvenes en Colombia?’, del comunicador Juan Sebastián Bernal. De entrada sostiene que “el cambio de pensamiento de las nuevas generaciones es un hecho. Para la muestra, la consolidación de movimientos sociales que dignifican el respeto a las mujeres, negritudes, animales, indígenas y diversidad en general, son claras y peculiares reivindicaciones de la modernidad”.
Y sigue: “Se menciona peculiar en la medida que recuerdan la separación de una época porque, sin lugar a duda, hace unos años en Colombia el papel de esas agrupaciones tenía otra connotación. La mujer era, por ejemplo, un ser sin representación política, me atrevo a decir, un objeto más. Por otro lado, la concepción en sí misma de los negros y de los homosexuales era distinta para considerar, eran perseguidos, sometidos y estigmatizados”.
No obstante, advierte Bernal que “no se ha pensado en la participación política de las juventudes. Si bien en los Estados sociales de Derecho, la democracia es la forma de gobierno por excelencia donde hay respeto por los derechos de las personas; en Colombia esta afirmación tiene posibles confrontaciones. Esto considerando las violaciones frecuentes de los derechos de los jóvenes. Para no ir tan lejos y develar la violación al derecho de la participación en la educación”.
En ese sentido, el analista presenta cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Sinies), que señalan que en el país ha mermado, en un 1,5%, la matrícula de jóvenes en las universidades, mientras que la tasa de deserción se subió al 45%.
“La educación se convierte en un privilegio y no en un derecho, es imperante mencionarlo puesto que la academia, comprendida como el universo de conocimiento, nos permite a los jóvenes tener herramientas para entender la realidad social y proponer ideas de cambio que transformen nuestro entorno social y político”.
Finalmente, reafirma una realidad y es el no respeto de la ideología de los jóvenes, siendo más grave el asunto en las áreas rurales. Y remata afirmando que persiste la indiferencia frente disposiciones constitucionales, como el artículo 103, que brinda herramientas para garantizar la participación como instrumentos de la democracia.
“En otras palabras, pareciera que no hay democracia para las juventudes y el reto, entonces, es fortalecer esos escenarios, dar a conocer esas instituciones, motivando y presentando garantías del Estado social de derechos”, concluye Bernal.
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