Esa indiferencia en el trato que se hace evidente en mucho personal médico, alejado de lo humanitario para abrazar lo monetario, tiene muchas aristas que expertos han ido dejando al descubierto con el fin de que la gente, común y corriente, abra los ojos.
En el anterior artículo, sinrecato.com explicó los derechos del recién nacido y, a la vez, anunció la divulgación de la denominada ‘violencia obstétrica’, que afecta a la madre gestante.
Son pocas las mujeres que bajo esa condición no tengan quejas o reparos de la manera en que son atendidas por médicos y personal de enfermería, en donde prima lo inhumano y hasta la burla. Así lo confirma un estudio de la Universidad Industrial de Santander revelado en diciembre de 2019, ‘Violencia obstétrica, ¿cómo identificarla y qué hacer si eres víctima?’.
“Las víctimas de esta modalidad de violencia obstétrica suelen ser en mayor medida las madres adolescentes, a quienes se les reprimen sentimientos de dolor, angustia y miedo mediante comentarios tendientes a reprochar su embarazo a temprana edad. Aquí entran frases como “¿quién la mandó a abrir las piernas? Ahora, ¡aguántese!”, “¡qué irresponsable! Usted no sabe lo que le espera” o “esto le pasa por ponerse de brincona”, destaca la investigación.
Pero antes de dar a conocer los derechos, es bueno dar conocer algunas modalidades que tipifican esa ‘violencia’ obstétrica, de acuerdo con la exposición de Hellen Maldonado Pinzón, asistente técnica de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), citadas por la investigación de la UIS y que se asemejan a las que destaca en su portal la Vicepresidencia de la República.
Se considera que hay ‘violencia obstétrica’ en los siguientes casos:
- Negar o demorar una atención médica oportuna, ignorar o desestimar las dudas y temores de las personas gestantes, dejarlas solas largos periodos de tiempo y mantener una interacción mecanizada, distante y con diferente personal.
- El uso de técnicas que alteran el proceso natural del parto antes de tener una dilatación, en ausencia de peligro clínico y sin pleno consentimiento de la persona gestante.
- El suministro injustificado de medicamentos (epidural, hormonas, oxitócica sintética) y de maniobras como presionar en la parte superior de la panza al momento del parto, o el corte en la zona vaginal para ampliar el canal de parto.
- Todas estas contraindicadas en personas con parto vaginal espontáneo. La realización de cesáreas fuera de una situación de peligro y sin pleno consentimiento de las personas gestantes, provocando un cambio violento, abrupto e inesperado para el bebé.
- Burlas, críticas o comentarios humillantes.
- Tactos o exploraciones vaginales invasivas e innecesarias o realizadas por más de un especialista.
- Impedir el ingreso de un acompañante al proceso de parto sin que haya condiciones de salud o de seguridad que lo imposibiliten.
- Obligar a dar a luz en una posición que le resulta cómoda al personal médico, pero incómoda a la persona gestante.
- Negativa a suministrar medicación para el dolor, o inyectar fármacos sin el consentimiento de la persona gestante. Impedir la salida del centro de salud por incapacidad de pago.
- Separar al bebé de su madre sin causa médica justificada, para realizar evaluaciones y rutinas postergables, obstaculizando el apego y amamantamiento inmediato al nacer.
En la investigación se aborda a Catalina Valencia, ginecobstetra y presidenta de la Asociación Antioqueña de Medicina Materno Fetal, quien se refiere al tipo de agresiones sosteniendo que éstas impiden que las mujeres gocen de un parto humanizado y vivan una experiencia positiva con relación a su sexualidad.
“Los médicos estamos en la obligación de resolver todas las inquietudes de las pacientes; debemos orientarlas, darles el conocimiento que necesitan para afrontar esta etapa de cambios y explicarles todo lo que ocurre en el proceso de gestación y parto. Por lo tanto, si la paciente está bien informada y es bien atendida, no se va a sentir violentada. Al contrario, va a estar segura y tranquila”, afirma Valencia.
En cuanto a los derechos que cobijan a las madres gestantes, el estudio de la UIS destaca lo que contempla el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto:
- A ser tratada con respeto, de manera individual y protegiendo su derecho a la intimidad y confidencialidad.
- A ser considerada, en su situación de alumbramiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto.
- A recibir atención integral, adecuada, oportuna y eficiente, de conformidad con sus costumbres, valores y creencias.
- A recibir asistencia psicosocial cuando así lo requiera.
- A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.
- A estar acompañada por un familiar o una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.
- A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
- A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar.
- A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña.
- A recibir información después del embarazo sobre los diferentes métodos anticonceptivos que estén acordes a su condición clínica.
- A recibir, según el caso y de acuerdo con las posibilidades de existencia del recurso, analgesia o anestesia obstétrica adecuadamente aplicada por un médico especialista anestesiólogo para buscar una maternidad segura, feliz, no traumática ni para la madre ni para el recién nacido.
El Minsalud recomienda, cuando una mujer gestante sienta que “no recibe el trato digno, respetuoso y competente que merece en su proceso de embarazo, parto y posparto y perciba que le han sido vulnerados sus derechos como gestante, puede interponer sus peticiones, quejas y reclamos ante la institución prestadora de salud la cual está obligada a recoger y resolver sus inconformidades tal y como lo contempla el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)”. También dice el Ministerio que las quejas y reclamos pueden hacerse ante secretarías locales y departamentales de salud o a la Superintendencia Nacional de Salud.
Actualmente, en el Senado de la República, por iniciativa de la senadora, del Partido Conservador Nadia Blel Scaff, se estudia un proyecto de ley que busca el reconocimiento de la violencia obstétrica como otra expresión de violencia contra la mujer, lo que en esencia la convierte en delito y por consiguiente queda cobijada por todo lo estipulado en las leyes, incluyendo los códigos éticos del sistema de salud.
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