Nos metieron en el calendario anual días, semanas y meses de celebraciones. Ya no solo son hechos históricos de impacto; hoy nos han atiborrado de fechas insólitas como la del Día Internacional de Hablar como un Pirata, cada 19 de septiembre, o el Día Mundial del Inodoro, el 19 de noviembre.
En ese orden de ideas, aunque creo que no importa si es abril u octubre, se encuentra el denominado ‘Mes de los Niños’ en el que se organizan eventos con disfraces, dulces, actividades lúdicas, etc., mientras en la otra cara de la moneda persiste una estadística que no cabe en ninguna celebración, relacionada con el fenómeno de la violencia infantil.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cerca de 35 niños son víctimas de agresión sexual cada día, una de las diferentes manifestaciones de violencia.
No obstante, el país no está solo bajo esa sombra. El informe mundial sobre prevención de la violencia contra los niños de 2020, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, la Unesco y la oficina de la ONU dedicada al tema, estimó que uno de cada dos menores, es decir, 1.000 millones, sufre algún tipo de violencia cada año.
Además, los cálculos indican que 120 millones de niñas y mujeres jóvenes menores de 20 años han padecido contactos sexuales forzados y que en 2017 unos 40.000 niños fueron asesinados.
Unicef reveló, en el 2024, que una de cada ocho niñas ha sufrido abuso sexual en la infancia y que solo una pequeña parte de los casos llega a denunciarse. La directora ejecutiva, Catherine Russell, lo calificó como “una mancha en nuestra conciencia moral”.
¿Por qué tardamos en reaccionar?
El sociólogo brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, quien dirigió el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, tras años de consultas con gobiernos, expertos y menores, confesó que le parecía increíble el alto grado existente de aceptabilidad de la violencia contra los niños, no solo social, sino también legal.
Concluyó que, para muchos pequeños, la agresión es una rutina y que la mejor estrategia consiste en impedirla antes de que ocurra. “Lo que se tolera como corrección en la casa o en el aula termina siendo el terreno fértil de abusos mayores”, advirtió.
Las cifras oficiales colombianas confirman esa normalización. Más de 71.000 niños y adolescentes estaban vinculados, en 2025, a procesos de restablecimiento de derechos del ICBF, la ruta que el Estado activa cuando un menor ha perdido su protección.
Solo entre enero y abril de 2024 se registraron 11.195 episodios de violencia contra menores, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evaluó en ese lapso más de 5.800 presuntos delitos sexuales.
La Procuraduría, por su parte, informó que entre enero y marzo de ese año se contabilizaron 11.427 ingresos al sistema de protección, sobre todo por negligencia, violencia sexual o ausencia de responsables, y que en los primeros cuatro meses ocurrieron 177 homicidios de menores.
En el primer trimestre de 2026, según cifras de Medicina Legal divulgadas por la prensa, fueron 139 los homicidios de menores. La violencia sexual continúa siendo la principal amenaza y su rostro es más cercano de lo que la sociedad admite; en Medellín, por ejemplo, el agresor fue un familiar en el 40,7 % de los casos reportados.
Aldeas Infantiles SOS, organización privada de protección de la niñez, recuerda que desde 2012 más de 150.000 menores han llegado al sistema de protección por este motivo y reclama que se haga efectiva la Ley 2205 de 2022, que ordena crear unidades especiales para investigar delitos contra niños.
Un balance periodístico de noviembre de 2025 señaló que el 96 % de esos casos quedaba impune, una cifra que desalienta cualquier denuncia.
Aun así, lo que se mide es apenas la parte visible. El médico belga Etienne Krug, jefe del departamento de la OMS encargado de la prevención de la violencia, reconoció que la cifra mundial de 1.000 millones de víctimas podría ser en realidad de 900 millones o de 1.200 millones por la falta de información veraz.
En Colombia el subregistro es igualmente alto, alimentado por la vergüenza, el miedo y la complicidad de los entornos cercanos. Por eso las estadísticas oficiales, por sombrías que parezcan, funcionan más como un piso que como un techo de la tragedia que vivimos.
Pero la violencia sexual no agota el mapa. La Defensoría del Pueblo documentó 463 casos de reclutamiento infantil durante 2024, niños y adolescentes arrastrados a la guerra por grupos armados.
En los hogares, el informe Forensis de Medicina Legal mostró que en 2023 la violencia intrafamiliar fue la causa de lesiones no fatales que más creció, con un aumento del 14,6 %, y que los menores presentaron la tasa más alta.
A ello se suman la negligencia y el abandono, que figuran entre los motivos más frecuentes de ingreso al sistema de protección y retratan infancias que crecen sin red de cuidado.
Que el panorama sea sombrío no lo hace inevitable. El sociólogo estadounidense David Finkelhor, director del Centro de Investigación de Crímenes contra los Niños de la Universidad de Nuevo Hampshire, estudia la victimización infantil desde 1977, y una de sus investigaciones concluyó que la variedad y el alcance de las agresiones que sufren los menores exigen herramientas más completas para identificarlas.
¿Qué hacer frente al fenómeno?
Ante las evidencias, los expertos y entidades pendientes de los efectos de la violencia infantil coinciden en acciones urgentes:
Primero, prevenir en el hogar y la escuela. La OMS promueve siete estrategias, agrupadas en el marco INSPIRE, que incluyen leyes contra el castigo físico, apoyo a madres, padres y cuidadores, y entornos seguros.
Segundo, cerrar la brecha entre norma y realidad: poner en marcha las unidades especializadas de la Ley 2205, fortalecer a fiscales y jueces y garantizar entrevistas forenses que no revictimicen.
Tercero, unir los datos: según la OMS, el 83 % de los países cuenta con información nacional sobre violencia infantil, pero solo el 21 % la usa para fijar metas; Colombia debería cruzar de forma permanente los registros del ICBF, Medicina Legal, la Fiscalía y la Defensoría para anticipar riesgos en cada territorio.
Cuarto, blindar a los niños de la guerra con presencia estatal, escuelas abiertas y oferta cultural y deportiva donde acecha el reclutamiento.
Quinto, educar a los adultos para escuchar, creer y denunciar, recordando que la línea 141 del ICBF atiende de forma gratuita.
Octubre puede ser algo más que un calendario de disfraces. Puede ser el mes en que escuelas, familias, medios, empresas y gobiernos locales abran conversaciones incómodas y asuman compromisos medibles.
Los niños no esperan, ellos crecen deprisa, y lo que hoy no se les garantice, no habrá fecha futura que lo repare. Cuidarlos no es una celebración de un mes, sino la prueba de fuego del país que queremos ser. Ese es el gran reto.
