De nuevo la Organización Mundial de la Salud, OMS, llama la atención de los países en torno a la indiferencia que muestran frente a la prevalencia de la tasa de la violencia física y sexual contra las adolescentes, por parte de su pareja, antes de cumplir los 20 años.
“En la actualidad, ningún país está en la senda correcta para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030”, sostiene el organismo mundial.
En un informe, revelado a finales del pasado mes de julio y del que compartimos algunos destacados, la OMS explica que ya son 19 millones de jóvenes, entre los 15 y 19 años, que hacen parte de los registros de maltrato. Lo preocupante es que esto no parece conmover ni a la sociedad ni a sus gobernantes, porque no se ven políticas públicas, al menos de prevención, eficaces y eficientes.
“Dado que la violencia durante esos cruciales años formativos puede causar daños profundos y duraderos, es necesario darle más importancia en tanto que problema de salud pública, prestando atención especial a la prevención y la prestación de apoyo específico”, asegura Pascale Allotey, directora del Departamento de la OMS de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas.
Según el informe, desde el punto de vista de la salud, la violencia en las adolescentes incrementa la probabilidad de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y muchas otras afecciones físicas y psicológicas. “También pone de relieve factores sociales, económicos y culturales más generales que acrecientan los riesgos”, señala.
Agrega que el nuevo análisis revela que la violencia de pareja contra las adolescentes es más frecuente en países y regiones de ingreso bajo, en lugares con un menor número de niñas en secundaria y donde las niñas tienen derechos legales de propiedad y de sucesión más débiles en comparación con los hombres.
“El matrimonio infantil (antes de los 18 años) acrecienta considerablemente los riesgos, ya que la diferencia de edad conyugal genera desequilibrios de poder, dependencia económica y aislamiento social, todo lo cual incrementa la probabilidad de abusos”, precisa la OMS.
Ventanas de solución
En el estudio se pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los servicios de apoyo y las medidas de prevención temprana adaptadas a los adolescentes, junto con medidas para promover la capacidad de acción y los derechos de las mujeres y las niñas, desde programas escolares que eduquen tanto a niños como a niñas sobre relaciones saludables y prevención de la violencia, hasta protecciones jurídicas y empoderamiento económico.
“El estudio muestra que, para poner fin a la violencia de género, los países deben instaurar políticas y programas que fomenten la igualdad de las mujeres y las niñas”, manifiesta Lynnmarie Sardinha, autora del estudio y Oficial Técnica del Departamento de la OMS de Datos y Medición de la Violencia contra la Mujer.
Y recomienda: “Garantizar educación secundaria para todas las niñas, proteger la igualdad de género en los derechos de propiedad y eliminar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, que a menudo se sustentan en las mismas normas de género inequitativas que perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas”.
Precisamente, en torno a poner fin al matrimonio infantil, que afecta a una de cada cinco niñas en el mundo, y ampliar el acceso de las niñas a la educación secundaria serán factores fundamentales para reducir la violencia de pareja contra las adolescentes.
“La OMS presta apoyo a los países para cuantificar y abordar la violencia contra la mujer, especialmente en sus esfuerzos por fortalecer la prevención y respuesta en el sector de la atención de salud. A finales de 2024 se prevé la publicación de nuevas directrices de la OMS sobre la prevención del matrimonio infantil”, concluye el informe.
Sobre esto del matrimonio infantil, o las uniones tempranas, en Colombia está a punto de ser aprobado un proyecto de ley que lo prohíbe en menores de 18 años.
La iniciativa de las representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza, por el Pacto Histórico, y Alexandra Vásquez, del movimiento Dignidad y Compromiso, en su recta final ya tuvo tres aprobaciones, por unanimidad, en la Comisión Primera del Senado y solo resta una discusión en la plenaria para se convierta en ley.
Dentro de la justificación, a lo que Vásquez y Pedraza denominan “por una infancia digna y un futuro sin ataduras: son niñas, no esposas”, se destaca que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial de uniones maritales antes de los 15 años, y el 11 de matrimonios entre adolescentes.
“La situación es más alarmante en las comunidades indígenas, en las que el 33.8% de ellas son casadas antes de alcanzar la mayoría de edad”, sostuvo la representante Jennifer Pedraza, ante medios de comunicación.
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