El solo titular es un anzuelo imposible de menospreciar porque inquieta, despierta curiosidad, crea expectativa: ‘En Singapur autorizan a profesores a aplicar el castigo físico mediante el azote a alumno’.
El enunciado se refiere a la medida extrema adoptada por las autoridades del país asiático, de 6,1 millones de habitantes, que reconocen la pérdida de la lucha para frenar el bullyng en los centros de educación básica.
En concreto, a partir del 2027, los profesores cuentan con el visto para incluir en sus herramientas pedagógicas una vara para usarla, pero en casos en donde se hayan agotado todos recursos, mejor dicho cuando la situación se haya salido de madre.
La aplicación del instrumento contempla un singular y estricto protocolo, advirtiendo que únicamente cobija estudiantes hombres a partir de los 9 años de edad, a los que previa comprobación del acto y este se considere severo se le aplicarán tres azotes.
Las alumnas quedan excluidas del castigo físico, pero podrá ser sancionadas con medidas alternativas como la suspensión o ajustes en la calificación de conducta.
El ministro de Educación, Desmond Lee, defendió la iniciativa sosteniendo que se trata del último recurso para transmitir consecuencias firmes y significativas cuando otras sanciones no logran frenar conductas dañinas. Precisó que cada caso deberá evaluar la madurez del alumno y el efecto pedagógico del castigo.
El contexto de esta decisión viene de una tradición disciplinaria particular de Singapur, donde el castigo corporal ha estado presente en el sistema judicial y militar, pero su extensión al ámbito escolar genera nuevas tensiones.
Según datos del Ministerio de Educación, en 2025 se registraron más de 3.200 casos graves de acoso escolar, un aumento del 18% respecto al año anterior, lo que alimentó la percepción de que las medidas disciplinarias convencionales resultaban insuficientes.
Sin embargo, la respuesta gubernamental contrasta con la tendencia global acogida en más de 130 países que han prohibido el castigo físico en las escuelas, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Estas entidades advierten que entre el 25% y el 50% de los niños en el mundo han sufrido castigos corporales en entornos educativos y que tales prácticas no generan beneficios duraderos, sino riesgos de ansiedad, depresión y resentimiento hacia la autoridad.
Expertos en psicología infantil han reaccionado con preocupación a la decisión de las autoridades singapurenses. Karen Lim, investigadora de la Universidad Nacional de Singapur, señaló que “la evidencia científica muestra que los azotes pueden producir obediencia inmediata, pero a costa de la confianza y la autoestima del niño”.
En la misma línea, el psiquiatra colombiano Andrés Camacho, consultado por la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, subrayó que “la disciplina basada en el miedo refuerza patrones de violencia y no fomenta la reflexión crítica ni la empatía, que son esenciales para prevenir el acoso escolar”.
Estas voces se suman a las advertencias de la OMS, que ha documentado que los niños sometidos a castigos físicos tienen un 30% más de probabilidad de desarrollar problemas de conducta en la adolescencia.
La medida también ha sido criticada por su sesgo de género. Al aplicarse exclusivamente a varones, se plantea un dilema de discriminación y desigualdad en el trato.
La socióloga británica Helen Murray, del Instituto de Estudios de Género de Londres, afirmó que “la exclusión de las niñas refuerza estereotipos de género y transmite la idea de que la violencia es un asunto masculino, lo que perpetúa desigualdades estructurales”.
En contraste, el gobierno de Singapur sostiene que la decisión responde a consideraciones culturales y legales, dado que la legislación vigente sobre castigo corporal ya establece diferencias de aplicación según el sexo.
En el plano internacional, la medida ha reforzado la imagen de Singapur como un Estado de disciplina estricta, pero ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con los derechos de la infancia.
Organizaciones como Human Rights Watch y Save the Children han emitido comunicados en los que califican la decisión como un retroceso en la protección de los menores.
En América Latina, donde el castigo físico en las escuelas está prohibido por ley, la noticia ha sido recibida con sorpresa y rechazo. En Colombia, la Ley 1098 de 2006 establece la protección integral de los niños y prohíbe cualquier forma de violencia en el ámbito educativo, lo que marca una diferencia clara con el modelo singapurense.
Los indicadores comparativos refuerzan esta distancia. Mientras que en Singapur se busca reducir en un 40% los casos graves de acoso escolar en los próximos cinco años mediante la introducción del castigo físico, en países como Chile y México las políticas se centran en programas de mediación escolar y educación socioemocional, que han logrado disminuir en un 25% los reportes de acoso en la última década.
En Colombia, el Ministerio de Educación reportó en 2025 una reducción del 12% en los casos de violencia escolar gracias a la implementación de estrategias de convivencia y formación en ciudadanía.
El debate, por tanto, no se limita a la eficacia de la medida, sino a su impacto en la construcción de sociedades más equitativas y respetuosas de los derechos humanos.
La psicóloga española María José Díaz, especialista en educación inclusiva, advierte que “la disciplina debe ser formativa, no punitiva; el objetivo es que el niño comprenda las consecuencias de sus actos y desarrolle habilidades para la convivencia, no que tema a la autoridad”.
Esta perspectiva coincide con los estudios de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, sobre desarrollo infantil, que han demostrado que los niños que aprenden a reflexionar y asumir responsabilidad desarrollan una ventaja competitiva que los acompaña toda la vida, sin necesidad de recurrir a la violencia.
En conclusión, la decisión de Singapur de autorizar azotes en las escuelas a partir de 2027 abre un debate global sobre los límites de la disciplina y la protección de la infancia. Aunque el gobierno defiende la medida como un recurso excepcional para frenar el bullying, las críticas de expertos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos subrayan los riesgos psicológicos, sociales y éticos que implica.
La diferencia con América Latina, donde el castigo físico está prohibido, evidencia dos modelos opuestos de abordar la convivencia escolar, uno basado en la sanción corporal y otro en la formación ciudadana.
Expertos de UNICEF y la OMS sostienen que el desenlace de esta política será observado con atención, pues sus resultados no solo afectarán a los estudiantes singapurenses, sino que también influirán en el debate internacional sobre cómo educar en un mundo que busca equilibrar disciplina, respeto y derechos humanos.
