No debería pasar desapercibido el más reciente estudio acerca del panorama del bullyng, o acoso escolar, en nuestra querida patria colombiana. Solo para ilustrarlos los casos que se conocen pasaron de 3.496 a 10.695, en el periodo del 2023 al 2025, pero los que no son denunciados, denominados subregistros, qué..?
Les quiero compartir los resultados de un análisis que hicieron del fenómeno expertos del Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de los registros del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUCE, dependencia del Ministerio de Educación Nacional, que califica el panorama de alarmante.
Los datos muestran que los casos reportados crecieron un 206% en apenas tres años, al pasar de 3.496 en 2022 a 10.695 en 2025. La evaluación también abordó datos de los años 2020 y 2021, pero se concentró en los posteriores porque son un campanazo de alerta para toda la sociedad.
El aumento de los casos si bien pueden interpretarse como un avance en la capacidad de reporte de las instituciones; no obstante, evidencian que la violencia escolar está en ascenso o, al menos, que situaciones antes silenciadas ahora se visibilizan. En cualquier caso, la magnitud del problema es innegable y plantea desafíos estructurales para la política pública.
El SIUCE clasifica las situaciones en dos grandes categorías, en las Tipo II, que se refieren a las agresiones repetitivas sin constituir delito; y las Tipo III, que implican presuntos delitos.
En los casos Tipo III crecieron proporcionalmente más, pasando de representar el 39,4% en 2022 al 43,2% en 2025. Esto sugiere que el sistema está captando cada vez más situaciones graves, lo que puede reflejar tanto un deterioro de la convivencia como una mayor capacidad de los orientadores para identificar señales críticas.
Sin embargo, el subregistro es evidente. Mientras Bogotá, con apenas el 12% de la matrícula nacional, reportó 38.765 casos en su propio sistema de alertas en 2025, el SIUCE registró solo 10.695 en todo el país. La brecha demuestra que los datos nacionales no reflejan la realidad completa, sino la capacidad desigual de las secretarías de educación para activar protocolos.
El perfil de las víctimas confirma patrones estructurales de género y edad. El 60,1% de los casos corresponde a niñas, proporción que se mantiene estable en todo el período. Las formas de violencia que las afectan, relacional, sexual y digital, suelen ser menos visibles y más difíciles de documentar, lo que refuerza su vulnerabilidad.
El ciberbullying, por ejemplo, tiene un 74,2% de víctimas femeninas y se concentra en adolescentes de 13 a 14 años, justo en la etapa más sensible de construcción de identidad. Además, el 86% de los casos de violencia sexual registrados en el sistema de protección del ICBF corresponde a niñas, lo que evidencia una coherencia preocupante entre ambos sistemas.
Por grados escolares, los estudiantes de sexto, séptimo y octavo concentran el 44,9% de los casos, con un pico a los 13 años, edad en la que confluyen los cambios físicos de la pubertad y la presión social de la secundaria. La primaria también registra un 21% de los casos, lo que demuestra que el acoso no es exclusivo de la adolescencia y que las estrategias de prevención deben comenzar desde edades tempranas.
En cuanto a las tipologías de agresión, la violencia física concentra el 51,6% de los casos, seguida por la relacional, el 20,2%, y la verbal, un 12,4%. Este predominio refleja tanto la prevalencia de los golpes como la facilidad de los colegios para identificar y documentar agresiones visibles.
Sin embargo, el ciberbullying, con un aumento del 185% entre 2022 y 2025, introduce un reto cualitativo, el de una violencia que trasciende los espacios escolares, ocurre en redes sociales y afecta principalmente a adolescentes mujeres.
Entre los eventos generadores de este tipo de agresión destacan la discriminación por aspecto físico, 226 casos; por género, 118; y por orientación sexual, 41; además, la difusión no consensuada de imágenes íntimas en 40 registros, tendencia que apenas empieza a ser reconocida por las instituciones.
La geografía del acoso revela un hallazgo desconcertante, según el análisis de LEE. El 25,7% de los casos ocurrió en el hogar de la víctima. De estos, el 59,8% corresponde a situaciones Tipo III, es decir, presuntos delitos, con predominio de la violencia física, 62,5%. Esto demuestra que la casa no solo es un espacio de origen de conflictos, sino el lugar donde ocurren los más graves, y donde la capacidad de intervención de la escuela es mínima.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, complementa la lectura al señalar que la omisión o negligencia es el segundo motivo de ingreso al sistema de protección, con 19.932 casos activos, lo que obliga a diseñar políticas que reconozcan esa dualidad.
Los eventos generadores más frecuentes son la discriminación, con 4.495 casos, encabezados por el aspecto físico, 1.381; y el género, 1.074. Entre 2022 y 2025, los eventos discriminatorios crecieron un 377%, lo que puede reflejar tanto una mayor capacidad de identificación como un aumento real de las tensiones sociales relacionadas con identidad y cuerpo. Pero el dato más alarmante es el registro de 407 casos relacionados con conductas suicidas, un crecimiento del 233% en el mismo período.
Estudios internacionales han demostrado que la victimización por acoso casi duplica el riesgo de suicidios en adolescentes, lo que convierte la salud mental en un eje central de la política educativa. No se trata de un problema colateral, sino de una urgencia que compromete la vida de los estudiantes.
Los analistas del LEE advierten que reducir el problema a cifras es insuficiente. Plantean en que se requiere una lectura integral que articule los datos del SIUCE con los sistemas territoriales y de protección, mediante la adopción de políticas interinstitucionales que integren educación y protección. La escuela no puede enfrentar sola un fenómeno que se origina también en el hogar y que se extiende al espacio digital.
Las recomendaciones para frenar el bullying en Colombia deben partir de esta evidencia. La primera es fortalecer los sistemas de reporte y capacitación de orientadores en todo el país, para reducir el subregistro y garantizar que las situaciones sean atendidas oportunamente; la segunda, diseñar estrategias de prevención desde la primaria, antes de que los patrones de victimización se consoliden en la adolescencia.
Una tercera recomendación es la de incorporar protocolos específicos para el ciberbullying y la violencia digital, con énfasis en la protección de adolescentes mujeres; la cuarta, articular las políticas educativas con las de salud mental y protección familiar, reconociendo que el hogar es un espacio de riesgo y que la ideación suicida es una consecuencia directa del acoso.
La quinta y última es promover campañas de sensibilización que aborden la discriminación por género, aspecto físico y orientación sexual, factores que actúan como detonantes recurrentes de la violencia escolar.
El informe del LEE no solo describe un problema, sino que prende las alarmas sobre una crisis que compromete el bienestar de millones de estudiantes. Los 10.695 casos registrados en 2025 son apenas una fracción ínfima de los 1,8 millones que deberían reportarse si se aplicara la prevalencia estimada por las pruebas PISA 2022, medición que aporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
La diferencia entre lo que ocurre y lo que se mide es abismal, y cerrar esa brecha es el primer paso para enfrentar el fenómeno. La violencia escolar en Colombia no es un asunto marginal, es un problema estructural que exige respuestas integrales, interinstitucionales y urgentes, porque detrás de cada cifra hay un niño o adolescente cuya vida, salud mental y futuro están en juego, advierte LEE.
