La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia es un fenómeno que se mueve en las sombras y las cifras revelan una realidad alarmante.
Así es descrito en el informe 142 del Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá que expone con datos estadísticos y análisis de los investigadores la magnitud de este delito, que entre 2015 y 2025 dejó 22.697 víctimas menores de edad, un número equivalente a toda la población infantil de un municipio como La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.
Solo el año pasado se registraron 2.093 casos, mostrando que la problemática persiste y se transforma con el tiempo, precisa el trabajo elaborado con base en fuentes públicas y privadas.
Los investigadores recuerdan que la explotación sexual comercial infantil fue definida en el Congreso Mundial de Estocolmo de 1996 como una forma contemporánea de esclavitud, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la reconoce como una de las peores formas de trabajo infantil.
Bajo esta perspectiva, no se trata de un delito aislado, sino de una violación sistemática de los derechos humanos que afecta el desarrollo integral de los menores.
La OIT y UNICEF insisten en que la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, ESCNNA, es una grave violación de la dignidad humana y exige respuestas contundentes de los Estados.
Las cifras del LEE muestran que el 81,8% de las víctimas en la última década fueron niñas y adolescentes mujeres, lo que confirma la dimensión de género del problema. Sin embargo, en 2025 se registró un aumento significativo en víctimas masculinas, con 393 casos, el número más alto del periodo, lo que sugiere nuevas dinámicas de victimización que requieren atención diferenciada y obliga a ampliar los mecanismos de detección temprana, pues la explotación no distingue sexo ni condición social.
El análisis por edades revela que casi la mitad de los casos afectan a niños de 0 a 13 años, con un promedio anual de 803 víctimas en esta franja. Esto significa que la explotación sexual interrumpe procesos educativos y cognitivos en etapas críticas de formación, generando deserción escolar, bajo rendimiento académico y limitando la acumulación de capital humano.
Los investigadores colombianos Juan David Montoya, que en el 2015 presentó resultados de su labor, y Carlos Prias, que en el 2021 hizo lo propio, han demostrado que la victimización sexual infantil deteriora la motivación académica y la retención escolar, perpetuando ciclos de desigualdad.
El informe también visibiliza a grupos poblacionales específicos. La población indígena representó el 0,7% de los casos, y la afrodescendiente el 0,1%, cifras que podrían reflejar subregistro más que ausencia de victimización. En contraste, la población LGBTIQ+ pasó de 0,2% en 2015 a 2% en 2024, acumulando 237 casos, mientras que los menores extranjeros mostraron un incremento dramático al pasar del 0,9% en 2015 al 26,4% en 2021, coincidiendo con la migración venezolana.
De los 3.347 casos de víctimas extranjeras, 409 eran venezolanos, lo que evidencia cómo los flujos migratorios masivos se convierten en un factor de riesgo.
La tasa nacional de víctimas por cada 100 mil menores pasó de 11,6 en 2015 a 14,6 en 2025, con un pico en 2021 de 17,2. La tasa femenina fue sistemáticamente más alta, alcanzando 29,4 en 2021, mientras que la masculina se mantuvo estable, aunque con un repunte en 2025 del 5,4.
Estas cifras confirman que el riesgo es persistente y desigual, y que las políticas deben combinar enfoques de género con estrategias inclusivas para niños y adolescentes hombres.
En cuanto a los delitos específicos, la pornografía infantil es el más recurrente, con 12.074 casos, un 53% del total; y le siguen la demanda de explotación sexual comercial, con 4.103 casos, el uso de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales, que registra 2.583 casos, y la inducción a la prostitución que arroja 1.939 hecho.
Estos datos muestran cómo las tecnologías digitales se han convertido en un canal de explotación, ampliando el alcance del delito y dificultando su control.
Expertos como el colombino Michael Hill, en su trabajo del presente año, advierten que la explotación sexual comercial infantil no solo destruye la autoestima y el desarrollo psicológico de los menores, sino que también genera consecuencias sociales de largo plazo, entre ellas los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de drogas y alcohol, y la mortalidad materna y fetal.
El informe del LEE concluye que la explotación sexual comercial de menores en Colombia es un problema estructural vinculado a la pobreza, la desigualdad, la migración y la violencia.
Aunque las cifras pueden estar subestimadas por el subregistro, los datos disponibles son suficientes para dimensionar la gravedad del fenómeno. La persistencia de más de 2.000 casos anuales en la última década demuestra que las respuestas institucionales han sido insuficientes y que se requieren acciones más contundentes.
La reflexión que deja este estudio apunta a que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no es solo un delito, es una herida abierta en la sociedad colombiana que compromete el futuro del país. Combatirla exige voluntad política, inversión social y un cambio cultural profundo.
De los análisis de la problemática, los investigadores aportar cinco acciones claves consideradas impostergables:
1.- Fortalecer programas de prevención y detección temprana en escuelas y comunidades vulnerables.
2.- Implementar políticas con enfoque de género e inclusión para atender a niñas, niños, adolescentes hombres, población LGBTIQ+ y migrantes.
3.- Aumentar la capacidad institucional de investigación y judicialización de delitos asociados a la ESCNNA.
4.- Promover campañas culturales que desnaturalicen la explotación y fomenten la protección de la infancia.
5.- Invertir en programas sociales y económicos que reduzcan la pobreza y la desigualdad, factores estructurales que alimentan el delito.
Así que todos, ¡manos a la obra!
