La acelerada digitalización de la infancia colombiana ha convertido al celular en aula, refugio y amenaza. Así lo confirman los investigadores del Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Universidad Javeriana de Bogotá con base en registros de varios organismos, principalmente del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, a través de la Encuesta Calidad de Vida 2025.
En nuestro país, de 8,6 millones de niños y jóvenes, entre 5 y 17 años, que acceden a internet, el 88% lo hace desde el celular; un 34%, usa el computador de escritorio; el 27% desde un computador portátil; y un marginal del 6,5% recurre a una tableta.
Precisan los analistas de LEE que este panorama revela que el celular es la principal, y muchas veces única, ventana al mundo digital, pero también el dispositivo menos idóneo para el aprendizaje profundo.
Sin embargo, advierten que lo paradójico del fenómeno es que se intensifica porque, aunque el 55% de los estudiantes reporta usar la red para tareas educativas, el hábito convive con el consumo de redes sociales y entretenimiento audiovisual, fragmentando la atención y reduciendo la capacidad de autorregulación.
“El hogar se ha consolidado como epicentro digital. El 92% de los menores se conecta desde allí, frente a un 53% que lo hace desde la escuela. Esta asimetría traslada la responsabilidad de mediar el uso tecnológico a las familias, que en la mayoría de los casos carecen de herramientas para acompañar de manera informada”.
“El déficit de ciberseguridad es alarmante. Nueve de cada diez niños y adolescentes no saben implementar medidas básicas como verificar información, proteger datos personales o resguardar sus dispositivos. La exposición digital ocurre sin mediación adulta suficiente, dejando a esta generación vulnerable en un entorno saturado de estímulos”, aseguran los investigadores.
Otros indicadores detectado dan cuenta que los microdatos de la prueba Saber 11 confirman que más del 60% de los estudiantes de grado 11 navega más de una hora diaria en internet fuera del ámbito escolar, y tres de cada 10 superan las tres horas.
Esa tendencia hacia sesiones prolongadas de navegación no académica se ha sostenido desde 2019, con mayor intensidad en colegios privados de calendario B, aunque la brecha con los oficiales de calendario A se ha reducido. “Este patrón refleja que la distracción digital no distingue estratos, pero sí profundiza desigualdades en el acceso a recursos de calidad”, sostiene LEE.
Vistazo internacional
En apenas tres años el mundo pasó de mirar con curiosidad la irrupción del celular en las aulas a intentar frenarla. Entre 2023 y 2026 la proporción de países con restricciones formales al uso de smartphones en colegios se multiplicó de 24% a 58%, según la UNESCO.
La evidencia internacional ofrece insumo para debate. Estudios experimentales en Noruega y otros países muestran que restringir el celular durante la jornada escolar produce mejoras significativas en rendimiento académico y salud mental, especialmente en las niñas y en estudiantes de menor nivel socioeconómico.
Sara Abrahamsson, del Instituto Noruego de Salud Pública, asegura que las prohibiciones estrictas generan ganancias de hasta 0,22 desviaciones estándar en matemáticas para las niñas, un efecto mayor que el de reducir el tamaño de los grupos escolares. Además, las visitas a especialistas en salud mental se reducen en un 60% en este grupo, lo que evidencia el impacto de las redes sociales en la autoestima y la imagen corporal.
En materia de convivencia, las reducciones en acoso escolar alcanzan hasta el 46%, con efectos aún mayores en colegios de estratos bajos, donde las niñas experimentan caídas cercanas al 80%.
Sin embargo, trasladar estas políticas a Colombia enfrenta un dilema estructural, considera LEE teniendo en cuenta que el 43% de los colegios públicos rurales y el 36% de los oficiales carecen de conexión a internet, según el censo C600 del DANE.
“Para esos estudiantes, el celular no es una distracción prescindible, sino la única puerta de entrada al mundo digital. Desconectarlo sin alternativas tecnológicas equivaldría a profundizar la brecha de acceso y excluir a comunidades enteras de la educación digital”, señalan los expertos del organismo.
En ese sentido, el Viceministerio de Educación Básica y Media ha advertido que prohibir sin ofrecer alternativas de conectividad ampliaría la desigualdad entre colegios privados con laboratorios y escuelas públicas rurales que dependen exclusivamente de los datos móviles de sus estudiantes.
La discusión legislativa en Colombia, a través de los proyectos de Ley 253 y 354 de 2024, busca articular este equilibrio entre protección y desarrollo de competencias, sigue en trámite en el Congreso de la República.
No obstante, la evidencia revisada por LEE suaviza el rechazo absoluto al dispositivo. “Estudios surcoreanos muestran que el uso del smartphone con fines de aprendizaje, bajo supervisión docente, mejora la capacidad de estudio autónomo sin aumentar la adicción, mientras que el uso recreativo produce el efecto contrario. La distinción entre uso pedagógico y uso personal, más que la prohibición total, es lo que respalda con más fuerza la evidencia científica disponible”, anotan los investigadores.
El debate colombiano se convierte así en un caso de estudio único para contextos de alta desigualdad educativa. La adopción de medidas municipales, como la de Ibagué en vigor desde mayo del 2026, que prohíbe el uso del celular en estamentos educativos públicos, y sugerida a los privados, a menores de 14 años, ofrece una oportunidad metodológica para generar evidencia causal propia, algo que ningún estudio noruego, francés o surcoreano puede aportar.
“Colombia podría aportar al mundo una perspectiva sobre cómo regular el uso de celulares en aulas donde el dispositivo es simultáneamente amenaza y salvavidas”, expresan con optimismo desde LEE.
Las conclusiones de los analistas
El celular no puede ser tratado únicamente como enemigo de la educación, ni tampoco como solución mágica. Es un dispositivo contradictorio que refleja las tensiones de un país donde la conectividad es desigual y la alfabetización digital insuficiente.
“La política pública debe reconocer esta complejidad y diseñar estrategias que protejan sin excluir, que regulen sin castigar y que integren sin depender exclusivamente de un aparato que, aunque universal, no garantiza calidad educativa por sí mismo”.
Tres recomendaciones se desprenden de este análisis realizado por LEE:
Primero, distinguir normativamente entre el uso recreativo individual y el uso pedagógico guiado en el aula, restringiendo la presencia libre de celulares durante la jornada, pero permitiendo su integración instruccional cuando no existan otros recursos disponibles.
Segundo, garantizar la inversión prioritaria en infraestructura tecnológica institucional, mediante computadores, tabletas y conexión de banda ancha, en colegios públicos y rurales antes de aplicar sanciones o bloqueos definitivos a la conectividad móvil.
Tercero, implementar programas de alfabetización mediática y ciberseguridad dirigidos a estudiantes, docentes y familias, capacitando a los cuidadores para ejercer un acompañamiento informado y pautas de autorregulación efectivas en el hogar.
